Implicaciones jurídicas de los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público para ChatGPT
- NORMATIVAS
La Inteligencia Artificial (IA) está despertando un especial interés por lo que se refiere a las garantías que deben respetarse a la hora de su aplicación práctica.
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La irrupción de la inteligencia artificial (IA) y, en particular ChatGPT, se ha convertido en uno de los principales temas de debate en los últimos meses. Esta herramienta ha eclipsado incluso otras tecnologías emergentes que habían adquirido un protagonismo en los más diversos ámbitos (jurídicos, económicos, sociales o culturales). Caso, por ejemplo, la web 3.0, el metaverso, la identidad digital descentralizada o los NFT y, en particular, las criptomonedas.
Resulta incuestionable la relación directa que existe entre este tipo de tecnología y la necesidad de disponer de datos suficientes y adecuados, siendo precisamente esta última dimensión cualitativa la que justifica que los datos abiertos estén llamados a desempeñar un papel de especial importancia. Aunque, al menos de momento, no es posible saber cuántos datos abiertos proporcionados por las entidades del sector público utiliza ChatGPT para entrenar su modelo, no hay duda de que los datos abiertos son a la hora de mejorar su funcionamiento.
La regulación sobre el uso de los datos por la IA
Desde el punto de vista jurídico, la IA está despertando un especial interés por lo que se refiere a las garantías que deben respetarse a la hora de su aplicación práctica. Así, se están impulsando diversas iniciativas que pretenden regular específicamente las condiciones para proceder a su utilización, entre las que destaca la propuesta que está tramitando la Unión Europea, donde los datos son objeto de especial atención.
Ya en el ámbito estatal, hace unos meses se aprobó la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Esta normativa exige a las Administraciones Públicas que favorezcan la implantación de mecanismos que contemplen garantías relativas a la minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas, en concreto por lo que respecta a los datos utilizados para el entrenamiento de los algoritmos que se empleen para la toma de decisiones.
Por parte de las comunidades autónomas existe un creciente interés a la hora de regular el uso de los datos por parte de los sistemas de IA, reforzándose en algún caso las garantías relativas a la transparencia. También, a nivel municipal se están promoviendo protocolos para la implantación de la IA en los servicios municipales en los que las garantías aplicables a los datos, en particular desde la perspectiva de su calidad, se conciben como una exigencia prioritaria.
La posible colisión con otros derechos
Más allá de las iniciativas regulatorias, el uso de los datos en este contexto ha sido objeto de una especial atención por lo que se refiere a las condiciones jurídicas en que resulta admisible. Así, puede darse el caso de que los datos que se utilicen estén protegidos por derechos de terceros que impidan —o al menos dificulten— su tratamiento, tal y como sucede con la propiedad intelectual o, singularmente, la protección de datos de carácter personal. Esta inquietud constituye una de las principales motivaciones de la Unión Europea a la hora de promover el Reglamento de Gobernanza de Datos, regulación donde se plantean soluciones técnicas y organizativas que intentan compatibilizar la reutilización de la información con el respeto de tales bienes jurídicos.
Precisamente, la posible colisión con el derecho a la protección de datos de carácter personal ha motivado las principales medidas que se han adoptado en Europa respecto del uso de ChatGPT. En este sentido, el Garante per la Protezione dei Dati Personali ha acordado cautelarmente la limitación del tratamiento de datos de ciudadanos italianos, la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado de oficio actuaciones de inspección frente a OpenAI como responsable del tratamiento y, con una proyección supranacional, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPB) ha creado un grupo de trabajo específico.
Regulación sobre datos abiertos y reutilización
La regulación española sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público establece algunas previsiones que han de tenerse en cuenta por los sistemas de IA. Así, con carácter general la reutilización será admisible si los datos se hubieren publicado sin sujeción a condiciones o, en el caso de que se fijen, cuando se ajuste a las establecidas a través de licencias u otros instrumentos jurídicos; si bien, cuando se definan, las condiciones han de ser objetivas, proporcionadas, no discriminatorias y estar justificadas por un objetivo de interés público.
Por lo que se refiere a las condiciones de reutilización de la información proporcionada por las entidades del sector público, su tratamiento sólo se permitirá si no se altera el contenido ni se desnaturaliza su sentido, debiéndose citar la fuente de la que se hubieren obtenido los datos y la fecha de su actualización más reciente.
Por otra parte, los conjuntos de datos de alto valor adquieren un especial interés para estos sistemas de IA caracterizados por la intensa reutilización de contenidos de terceros dado el carácter masivo de los tratamientos de datos que llevan a cabo y la inmediatez de las peticiones de información que formulan quienes las utilizan. En concreto, las condiciones establecidas legalmente para la puesta a disposición de estos conjuntos de datos de alto valor por parte de las entidades públicas determinan que existan muy pocas limitaciones y, asimismo, que se facilite enormemente su reutilización al tratarse de datos que han de estar disponibles de manera gratuita, ser susceptibles de tratamiento automatizado, suministrarse a través de API y proporcionarse en forma de descarga masiva, siempre que proceda.
En definitiva, teniendo en cuenta las particularidades de esta tecnología y, por tanto, las circunstancias tan singulares en las que tratan los datos, parece oportuno que las licencias y, en general, las condiciones en las que las entidades públicas permiten su reutilización sean revisadas y, en su caso, actualizadas para hacer frente a los retos jurídicos que se están empezando a plantear.
